En este post se muestran dos artículos publicados el miércoles 28 de marzo de 2007 en distintos periódicos europeos. El primero de ellos, titulado “Zeit der Gier”, fue escrito por Paul Ingendaay y publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). El artículo original puede consultarse aquí . La traducción presentada, que ha sido realizada por Anahí Seri, lleva por título: “Tiempos de Codicia”.
Tiempos de codicia
La divisa es el saqueo. La economía española va viento en popa, pero el país hipoteca su futuro y se desentiende del cambio climático.
PAUL INGENDAAY / FAZ MADRID, 28 de marzo de 2007
Según una encuesta publicada recientemente, de entre todos los europeos, son los españoles los que más se preocupan por el cambio climático, pero eso no son más que números. ¿Quién se iba a extrañar? España está en el sur. Siete de cada diez españoles, se dice, están “muy preocupados” por el calentamiento global, el riesgo de sequía, la elevación del nivel del mar, el deshielo de los casquetes polares, etc. Los siguientes puestos de preocupación de los europeos los ocupan Chipre, Malta, Grecia, Portugal, Rumania e Italia. Lo dicho, el sur. En Finlandia, de momento no hay por qué temer a los veranos desérticos.
Pero si nos fijamos en las consecuencias que se desprenden de esta preocupación, el tema tiene mala pinta para los españoles, por varias razones. La primera y más obvia es que se interesan poco por la ecología y la ciencia del clima, están muy rezagados en temas de medio ambiente y no son nada amigos de las normas que limitan su libertad de movimiento. Nunca ha habido “conciencia ecológica” en España, y la política verde no existe a nivel nacional.
Bien es cierto que en verano hay spots publicitarios que propugnan cándidamente el ahorro de agua; pero cuando en febrero la Ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, sumó a las preocupantes conclusiones del estudio sobre el clima de la ONU unas investigaciones españolas según las cuales se produciría un aumento de las temperaturas de cuatro a siete grados hasta el final del siglo, y con ello una catástrofe climática ibérica, la opinión pública no se dio por aludida. Los columnistas y los “opinion maker” prefieren ocuparse de temas más importantes que la canícula, las pérdidas de cosechas, la desertización, nuevos parásitos o migraciones humanas y de aves. Mientras que los debates en torno al grupo terrorista ETA han provocado en los últimos meses media docena de manifestaciones masivas, la lucha contra el cambio climático no consigue movilizar a nadie.
El problema de fondo podría ser que el fabuloso crecimiento económico español de los últimos años va ligado directamente al saqueo imparable de este país y sus recursos: tierra, agua, luz. El boom inmobiliario que campa a sus anchas ha adquirido unas proporciones tan terroríficas que en España se construyen anualmente más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Parte de las urbanizaciones recién creadas son ilegales. No sólo la costa andaluza, cuyo destrozo es ya proverbial, también las barriadas en torno a las grandes ciudades ofrecen imágenes fantasmagóricas de urbanismo desenfrenado, a menudo derivados directamente de favoritismos, acuerdos secretos y sobornos. Hay mucho en juego: en los últimos años, los precios de los inmuebles han aumentado en más de 150%. Entre quienes más se han enriquecido figuran los constructores, los agentes inmobiliarios y los inversores. Tampoco cesa la demanda de viviendas en España por parte de los extranjeros, sea para uso propio o como objeto de especulación.
Tan sólo entre principios de 2005 y mediados de 2006, el Seprona detectó casi trece mil obras ilegales en todo el país, sin contar Cataluña ni el País Vasco. Los delitos abarcan desde la simple anexión de terrenos públicos, pasando por reformas o vallas no autorizadas, hasta construcciones en espacios protegidos. Por cierto que gran parte de los pecadores actúan en las empresas de construcción y proceden de forma absolutamente desvergonzada. Se perforan pozos donde hace falta, se pinchan las conducciones de electricidad. Hay muchas probabilidades de que la apropiación indebida del terreno sea declarada legal a posteriori.
A modo de ejemplo: en el pasado mes de octubre, las autoridades municipales socialistas de Chiclana de Frontera (Provincia de Cádiz) decidieron legalizar quince mil casas o pisos que habían sido construidos ilegalmente en las últimas tres décadas. Poco a poco, los habitantes se registrarán y recibirán suministro eléctrico regular. Es decir, en vez de obligar al cumplimiento de las normas y penalizar de forma decidida las infracciones, el municipio ampara a los malhechores bajo el inmenso paraguas de una legislación ya carente de significado. Lo legal es lo que ocurre.
Con el titular “Saqueo urbanístico”, el periódico El País informó a principios de mes sobre diez parques naturales amenazados por la industria de la construcción, o que incluso ya han comenzado a ser mordisqueados. Se trata de viviendas unifamiliares con vistas a las montañas, de estaciones de esquí, de novecientas viviendas con campo de golf. Donde la cosa está especialmente cruda es en la Comunidad Valenciana y en Murcia y Almería, donde muchos municipios están dispuestos a recalificar los terrenos originalmente protegidos, para que pueblos de 10.000 almas puedan convertirse en residencias de vacaciones y tiempo libre con un número de habitantes multiplicado por veinte. Los debates sobre la incompatibilidad, si es que tienen lugar, se libran en general en los tribunales, donde las armas están repartidas de forma muy desigual. El oso pardo, en peligro de extinción en Castilla y León, depende de la iniciativa de los ecologistas. Entretanto, los urbanizadores y los políticos provincianos ávidos de modernización se entusiasman con el “potencial de crecimiento” de su región y aluden a la creación de nuevos puestos de trabajo.
La situación en España es precaria, no sólo por las temperaturas extremadamente elevadas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y la falta de conciencia ecológica. La avidez del sector inmobiliario y turístico acentúa una tendencia funesta: el movimiento hacia la capital o hacia las costas, mientras se abandona el interior. Las grandes obras de infraestructura y los objetos arquitectónicos de prestigio son para las zonas que ya de por si gozan de ventaja. El escritor Julio Llamazares utilizó recientemente la expresión “dos Españas”, expresión que normalmente alude a los tiempos de la Guerra Civil, para hacer referencia a esta división en dos clases. Según Llamazares, las regiones ricas consideran a las más pobres como meros proveedores. Si a los ricos les falta agua, que los otros hagan el favor de ponérsela a su disposición. Los ricos apelan a la solidaridad cuando les viene bien, pero en su opinión hace tiempo que han dejado sin contenido el modelo de solidaridad de las comunidades autónomas. En la España actual rige el más acendrado egoísmo.
Para poder llevarse una parte del pastel, los municipios enajenan sus bonitos paisajes, el aire puro y la calma celestial, atributos que pronto se quedan en nada. La multiplicación de las viviendas lleva a ensanchar las calles, a construir nuevas autopistas y a sellar más superficies. De acuerdo con un estudio de compatibilidad, en el año 2004 había en España 23 millones de viviendas privadas, de las cuales sólo 12,5 millones eran primera residencia. Aproximadamente 5,3 millones, más de un tercio, eran segundas viviendas. Los dos millones largos de inmuebles que faltan en este cálculo estaban vacíos.
Es peligrosamente ingenuo hacer este cálculo sin tener en cuenta el cambio climático, y esto en algún momento se hará notar. La cultura española de turismo y servicios se puede ir preparando. Todo lo que puede ofrecer el país habrá que volver a calcularlo y ajustarlo. Por ejemplo, el pasado invierno las estaciones españolas de esquí sufrieron importantes pérdidas debido a que apenas hubo nieve hasta el mes de febrero; se anuncian unos tiempos en los que ni la nieve artificial servirá de nada y tal vez el montañismo sea mejor idea.
El verano de 2006 puso de manifiesto el riesgo que supone vivir en las zonas más cálidas. Las reservas de agua arrojaron mínimos históricos. En Andalucía y Extremadura hubo muertes por deshidratación. La plaga estival de los incendios forestales arrasó muchas hectáreas de tierra. Imaginarse que en algún momento de nuestro siglo se pudieran sumar aún seis grados más a los 55 grados registrados en Córdoba y Sevilla es algo que nos supera.
Y no hace falta recurrir a cálculos alarmistas para saber que las cosas se pueden poner aún mucho más feas. En la actualidad, la Comunidad de Murcia ya no puede cubrir sus necesidades anuales de agua con sus propios recursos. Y sin embargo, aquí y en Almería, la región más cálida de España, en los próximos años se construirán varios cientos de miles de nuevas viviendas. Este plan demencial podría causar mayores modificaciones en esta región de lo que se ha conseguido en todo el siglo XX. Pensado como un parque temático para los acaudalados, con golf, hidromasaje y peluquería, en realidad aquí se levantará un mundo artificial de ladrillo y asfalto. El césped verde que se supone que lo rodeará, es el problema en el que hoy en día nadie quiere pensar.
El segundo de los artículos se titula “The pain in Spain will follow years of rapid economic gain”, fue escrito por Martin Wolf y publicado en Financial Times (FT). El texto original puede consultarse aquí. Se reproduce una traducción propia del mismo, con el título: “El dolor en España seguirá a años de rápido crecimiento económico”.
El dolor en España seguirá a años de rápido crecimiento económico*
MARTIN WOLF / FT Business, 28 de marzo de 2007
¿Pueden los déficits por cuenta corriente ser un problema dentro de la Unión Monetaria? Las respuestas son “no” y “si”: No, porque no puede haber una crisis de divisa; y si, porque no puede haber una crisis de divisa. Cuando emergen divergencias insostenibles en la competitividad, el ajuste se produce, de largo, a través de cambios en los costes nominales relativos, particularmente laborales. Cuanto más profundo sea el ajuste requerido, más intenso será el dolor.
El reto implicado por la competitividad divergente dentro de la eurozona ha sido ampliamente discutido para el caso de Italia. Pero España es incluso más interesante. España, al contrario que Italia, ha experimentado un enorme éxito económico; España, al contrario que Italia, ha disfrutado de un inmenso boom de la construcción. Pero España, esta vez como Italia, tiene bajas tasas de productividad y una competitividad externa en deterioro.
La cuestión, entonces, no es si se producirá un ajuste, puesto que es seguro que va a suceder. Se trata de cómo ocurrirá.
Entre 2001 y 2005, la eurozona fue el gigante enfermo de la economía mundial. En esos cinco años, el crecimiento de la eurozona promedió un escaso 1,4% anual. Como respuesta, el Banco Central Europeo adoptó una política monetaria expansiva. Pero el impacto de los bajos tipos de interés fue mayor, no donde la demanda era la más débil, sino donde las condiciones para un boom de la propiedad eran las mejores: principalmente en Irlanda y en España.
El desempeño económico general de España ha sido del tipo de los de generar euforia. Como señala la última revisión económica de la OCDE: “El país ha experimentado su 13er año consecutivo de fuerte crecimiento. La vitalidad económica ha tenido el efecto de acortar la diferencia en renta per cápita con el resto del área euro desde el 20% a por debajo del 12% en la última década”.
Esta impresionante expansión ha sido conducida, del lado de la oferta, por enormes incrementos en el empleo, incluido el de los inmigrantes. Entre 1998 y 2996, el empleo contribuyó con 3 puntos porcentuales al 3,5% de crecimiento potencial, con la productividad situándose en un 0,5%. La contribución del “factor productividad” – o el incremento de la eficiencia en el uso de los factores de producción – fue negativa, con un -0,2% anual.
Mientras tanto, en el lado de la demanda, el consumo doméstico y la inversión, particularmente en el sector de la construcción, han dirigido la economía. Entre 2002 y 2006, la construcción creció a una tasa media de casi un 6% anual, en términos reales. En el año 2004, únicamente la inversión en vivienda nueva supuso el 8% del PIB, un porcentaje sobrepasado entre los miembros de la OCDE sólo por Irlanda.
Mientras, la balanza exterior se deterioró año tras año. El año pasado el déficit por cuenta corriente de 107.000 millones de dólares fue el segundo más alto del mundo después del de Estados Unidos. Con dicho déficit casi en un 9% del PIB, fue también el más alto de la eurozona, después del de Grecia. De hecho, sin los déficits de España, la eurozona habría tenido un considerable superávit por cuenta corriente, reflejando ampliamente la evolución de Alemania hacia el superávit, y habría exacerbado los desequilibrios globales.
“¿Y qué?”, podría preguntarse uno razonablemente. ¿Por qué el aumento de los citados desequilibrios dentro de la eurozona debería ser más significativo que la balanza de pagos entre Escocia e Inglaterra? De hecho, ¿no fue la obtención de inmensos flujos de capital, que son la contrapartida de los superávits y déficits por cuenta corriente, para lo que fue diseñada la creación de la unión monetaria? En ausencia del riesgo de divisa y de expropiación, los inversores buscan las mejores rentabilidades allí donde se deben encontrar. Si todo ello provoca la generación de inmensas cantidades de préstamos a ciudadanos de un país (o región) dado, eso seguramente no es significativo.
Hasta cierto punto, este argumento es correcto. Pero si los inversores no son conscientes de la interdependencia de los riesgos que está asumiendo, pueden encontrarse con que los deudores son significativamente menos fiables de lo que habían pensado. De forma más precisa, los prestamistas de un boom inmobiliario encuentran probable que una caída en el mercado local de las propiedades afecte a la solvencia de muchos deudores. En ese caso, deciden retirar el crédito o detener nuevos créditos de forma repentina. Si eso ocurriese, ello conduciría a una recesión local, a medida que la actividad constructora se fuese reduciendo.
Por lo tanto, dentro de la unión monetaria, el riesgo de divisa se convierte en un riesgo de crédito. De nuevo, incluso una bancarrota generalizada puede no afectar demasiado si los precios y los salarios son razonablemente flexibles en términos nominales y reales, o si resulta fácil expandir la producción de bienes y servicios comercializables y competitivos. El ajuste, entonces, es relativamente sencillo, como demuestra la experiencia de las economías nórdicas y del este asiático en un pasado no muy lejano.
En esos casos es, al menos, relativamente fácil reemplazar la demanda doméstica perdida con demanda externa. Pero se hace difícil de creer que esto pueda ser cierto en el caso de España cuando el boom inmobiliario termine, por seis razones, todas ellas extraídas del informe de la OCDE: primero, España ha sufrido una considerable pérdida de competitividad; segundo, la capacidad tecnológica de las industrias españolas de bienes comercializables es débil en muchos aspectos; tercero, gran parte del reciente esfuerzo de inversión ha ido a parar a la producción de bienes no comercializables, particularmente inmuebles; cuarto, las industrias españolas son relativamente vulnerables a la competición de los salarios más bajos del centro y este de Europa y del este de Asia; quinto, el incremento subyacente de la productividad se ha mantenido muy bajo, que hará más dura la recuperación de la competitividad; y finalmente, la negociación salarial es muy rígida y, sobre todo, no responde a las condiciones de la eurozona.
España ha disfrutado de un soberbio boom en un momento de débil demanda en la eurozona y de una política monetaria expansiva. A medida que la eurozona se recupera, la política monetaria se está endureciendo. Mientras que España, en su conjunto, se beneficiará de la mayor demanda proveniente de sus principales mercados, sus deudores tendrán que afrontar una carga sustancialmente más pesada del servicio de sus préstamos y créditos. Esto provocará que se precipite el fin del boom de la construcción y del crédito inmobiliario. El ajuste tendrá que venir después y los políticos españoles se verán obligados a gestionar las consecuencias.
Para España, los mejores tiempos de la eurozona presagian un reto aún mayor. Será necesario un ajuste hacia un camino distinto y más sostenible. En la década venidera tendremos una mejor idea de cómo una de las hasta ahora más exitosas economías de Europa será capaz de prosperar dentro del chaleco de fuerza de la unión monetaria.
* N.T. El título original del artículo es un juego de palabras recurriendo a una famosa frase utilizada para el aprendizaje de la fonética inglesa: “The rain in Spain is main in the plain”.